En un nuevo frente legal contra la instalación de la planta petroquímica Fermachem de Grupo Fermaca en Lerdo, Durango, un total de 1,205 ciudadanos de la Comarca Lagunera respaldan la presentación de un juicio de amparo indirecto para exigir la revisión exhaustiva del proyecto.
El recurso jurídico, registrado bajo el expediente 905 ante el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Torreón, Coahuila, busca que el poder judicial federal determine si la construcción cumple con las normativas vigentes o si representa un riesgo latente para el entorno y la población de la región.
Por cuestiones de estrategia técnica y jurídica, la demanda fue suscrita formalmente por una sola persona en representación del interés colectivo, aunque cuenta con el soporte y las firmas de los más de mil habitantes de la zona metropolitana.
La solicitud de amparo promovida por los ciudadanos se sustenta en tres argumentos ambientales de carácter crítico.
En primer lugar, los promoventes señalan que el propio oficio de autorización emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), reconoce de manera explícita que la actividad industrial petroquímica no está permitida en el uso de suelo del predio asignado para el proyecto.
Asimismo, alertan que el sitio de construcción se localiza a escasos cuatro kilómetros del Cañón de Fernández, paraje que forma parte del Área de Protección de Recursos Naturales Ríos y Montañas de la Comarca Lagunera, una reserva federal catalogada además como humedal de importancia internacional bajo el reconocimiento de Sitio Ramsar número 1747.
Como tercer elemento de peso, la demanda expone la vulnerabilidad de los acuíferos locales, los cuales abastecen a más de 1.4 millones de personas y presentan actualmente un déficit hídrico crítico que se vería presionado por la operación del complejo de fertilizantes.
Como medida cautelar indispensable dentro del juicio, los ciudadanos organizados han solicitado formalmente la suspensión inmediata de las obras en la comunidad de Sapioriz mientras el órgano jurisdiccional analiza y resuelve el fondo del conflicto legal.
La plataforma civil La Laguna Sin Amoníaco precisó que esta acción jurídica no representa una oposición sistemática al desarrollo económico de la región, sino una exigencia legítima para que, antes de continuar con cualquier edificación, se demuestre con bases científicas y pleno apego al marco legal que el proyecto de Grupo Fermaca no comprometerá la disponibilidad del agua, la integridad del ecosistema protegido ni la salud pública de los habitantes de la Comarca Lagunera.